Ante la solicitud de una inmensa mayoría de la sociedad, finalmente la Corte Suprema de Justicia despertó de su letargo y la sala integrada por María Teresa Day, José Valerio y el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay admitió un recurso de apelación del Ministerio Público Fiscal contra una resolución de Juzgado Penal Colegiado número 1. Dicha resolución impedía que el Poder Ejecutivo les sustrajera a los detenidos los teléfonos celulares.
Son incontables los casos comprobados de estafas telefónicas, acoso a víctimas de los mismos internos, y otras delicadezas por el estilo que, en los hechos, se enfrentaban al espíritu garantista de muchos magistrados, y así; la Corte parece haber entendido el clamor popular.
Pero, todo hay que decirlo: José Valerio votó en disidencia el fallo.
Valerio asumió en 2016 a instancias de Alfredo Cornejo, quien lo postuló para la Corte porque, según dijo «Me incliné por alguien que va a seguir la línea que necesitan los mendocinos en materia de seguridad».
Hacia el final de la audiencia, la jueza María Teresa Day leyó: «El Tribunal, por mayoría, resuelve admitir el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia dejar sin efecto el punto 4 apartado D de la resolución del 10 de enero de 2024 del Juzgado Penal Colegiado número 1 de la Primera Circunscripción Judicial. Segundo: rechazar recursos de apelación del Ministerio Público de la Defensa y la Asociación Civil Verdad y Justicia Mendoza«.
Así, el gobierno mendocino quedó habilitado para retirar los teléfonos celulares de todos los pabellones de las cárceles mendocinas. En este punto, la resolución del juez Sebastián Sarmiento lo impedía en aquellos donde los internos no podían acceder a un teléfono público.